La obligatoriedad de informar sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) para las empresas de toda Europa se encuentra inmersa en una transformación sin precedentes. En consonancia con sus ambiciosos objetivos en materia de clima, sostenibilidad y derechos humanos, la Unión Europea (UE) ha ido introduciendo requisitos de divulgación de información más estrictos y específicos para las empresas, sobre todo con la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, que viene a ampliar y sustituir los requisitos existentes de información no financiera, y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenible (SFDR, por sus siglas en inglés) y los requisitos de taxonomía de la UE, cuyo objetivo es promover la evolución hacia inversiones más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
La UE pretende alcanzar sus objetivos generales impulsando un mayor nivel de normalización, sobre todo en lo que se refiere a la forma en la que las empresas informan sobre cuestiones relacionadas con la normativa ESG. Para ello, se enfrenta al importante reto de alinear a sus numerosos Estados miembros, cada uno con su propia historia y enfoque en lo que concierne a la normativa ESG.